El Gobierno Nacional inició esta semana una ofensiva directa contra las llamadas criminales que se originan desde las cárceles del país. La estrategia arrancó con el bloqueo total de la señal de telefonía móvil en tres centros penitenciarios considerados críticos: Cómbita (Boyacá), Valledupar (Cesar) y La Dorada (Caldas).
La orden fue emitida por el Ministerio de Justicia, que instruyó a las autoridades penitenciarias a ejecutar el apagado de señal de manera inmediata, con el objetivo de impedir que los internos sigan coordinando extorsiones, estafas y amenazas telefónicas que afectan a miles de ciudadanos dentro y fuera del país.
La decisión se tomó luego de que las autoridades detectaran un crecimiento alarmante de este tipo de delitos, incluso con reportes internacionales. Desde El Salvador se alertó sobre redes criminales que realizaban llamadas fraudulentas desde cárceles colombianas, lo que encendió las alarmas a nivel regional.
El ministro de Justicia fue contundente al advertir que los directores de los penales que permitan el ingreso y uso de celulares ilegales serán retirados de sus cargos, como parte de una política de “mano firme” contra la corrupción y el descontrol en los centros de reclusión.
Las autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía para no caer en engaños. Recomiendan colgar de inmediato ante llamadas sospechosas que pidan dinero, premios falsos o supuestos auxilios familiares, y reportar cualquier intento de extorsión a la línea 165 del Gaula de la Policía.
Con esta medida, el Gobierno busca cerrar uno de los principales canales usados por bandas criminales para seguir delinquiendo desde prisión y recuperar el control en los establecimientos penitenciarios del país.
